Aclaramos que el Memorándum (ver debajo su texto completo) configura una medida de amedrentamiento que pretende dividir al colectivo que se encuentra unido.

No tiene sustento la pretendida aplicación del fallo judicial que se cita, puesto que decidió sobre un conflicto determinado y confluido hace años.

La huelga es una acción esencialmente dinámica y realizada en un determinado contexto. Cualquier evaluación que se haga de la misma, por ejemplo y en lo que respecta al caso, en lo atinente a los servicios mínimos que deben mantenerse y al personal asignado para cubrirlos, se aplica a cada supuesto determinado. 

Por esto, es irrazonable pretender que un fallo judicial que se dictó hace tres años, y para un conflicto específico, sea de aplicación a futuro en todos los casos y de ese modo, sea el poder judicial del Estado el que decida de qué manera las personas que trabajan deben ejercer un derecho humano como la huelga.

En un Estado democrático debe convivir la huelga con una limitación razonable tratándose de servicios esenciales, que son los que se vienen manteniendo en las diferentes medidas que se llevan a cabo.

Por todo lo expuesto, rechazamos los intentos del Gobierno de  quebrantar la unidad de trabajadoras y trabajadores, mediante amenazas de denuncias penales que pretenden instaurar el miedo en vez de buscar soluciones sobre las causas de los problemas, que son las condiciones de vida y de trabajo de las personas que se desempeñan en salud pública, lo que repercute en el funcionamiento del servicio y los que más lo sufren, son los sectores más postergados de la población.  

VER MEMORANDUM 07